Los conductores darán comienzo este lunes a la huelga general, que se prolongará durante varios días si no alcanzan un acuerdo sobre el adelanto de su edad de jubilación.

El próximo lunes 28 de octubre los autobuses y de grúas móviles autopropulsadas de Cantabria están llamados a la huelga general, tras no haber alcanzado un acuerdo entre sindicatos y patronal.

 Los conductores han sido convocados por los principales sindicatos nacionales para reclamar al Gobierno que se apliquen a estos profesionales del sector del transporte de viajeros por carretera los coeficientes reductores para poder jubilarse antes.

 Según han explicado desde los sindicatos, esta reducción en la edad de jubilación es una medida necesaria ante las altas cifras de siniestralidad que se registran en carretera debida a la elevada edad de los conductores. El informe del Observatorio Social de Transporte por Carretera publicado en 2021 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible también avala este reclamación, pues en él se puede apreciar una mayor tasa de accidentes entre los profesionales del transporte de mayor edad.

 Los profesionales del sector del transporte de viajeros por carretera piden que se les aplique un sistema de jubilación anticipada similar al que ya disfrutan otros colectivos, como los maquinistas ferroviarios o los pilotos, a los cuales cada año cotizado cuenta por más, lo que les permite acceder mucho antes a la jubilación.

 Está previsto que el paro dé comienzo este lunes, y se prolongue durante los próximos 11, 28 y 29 de noviembre, así como el 5 y 9 de diciembre, si no se logra alcanzar un acuerdo. Una vez pasada estas fechas, y si la situación no se remedia, la huelga podría convertirse en indefinida desde el 23 de diciembre. De este modo, el paro se llevará a cabo en unos de los meses donde el servicio suele estar más demandado, debido a la campaña navideña.

 En el caso de los autocares interurbanos, el Gobierno de Cantabria publicó el pasado  25 de octubre en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el decreto que establece los servicios mínimos en el transporte regular de viajeros por carretera durante las siete jornadas de huelga anunciadas.

El decreto recoge que todas los servicios de transporte que se encuentren en circulación antes de la hora de comienzo de la huelga deberán continuar con su trayecto hasta llegar al destino.

 Una vez comience la jornada de huelga, las expediciones de ida y vuelta tendrán que llevarse a cabo en su totalidad, mientras que los casos de tres viajes, estarán obligados a prestar al menos uno. En los casos de cuatro o seis, serán obligatorias al menos dos; de siete a nueve, tres; y las de diez o más, al menos el 30% (50% en el caso de las líneas de titularidad estatal operadas por Alsa) .

 En el caso de los municipios que cuentan con su propia línea de autobuses urbanos, como Santander, se han establecido unos servicios mínimos, en los que se han tenido en cuenta las rutas de especial importancia como las de hospitales, centros de salud, residencias de ancianos o centros educativos.

 Por último, en el caso del transporte escolar, este se llevará a cabo con normalidad,  al estar obligados los conductores a realizar la primera expedición de ida y la última de retorno a los centros educativos.

La ayuda pretende compensar la pérdida de renta en el primer año de la nueva PAC y la inestabilidad económica de las explotaciones en su conjunto.

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha iniciado el pago de los 3 millones de ayudas extraordinarias a los ganaderos, tal y como acordó la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en un pacto firmado en el mes de abril con los representantes del sector.  

La consejera María Jesús Susinos ha destacado el «buen trabajo» de la Consejería para «cumplir con lo que había pactado la presidenta» en apoyo a un sector que vive una situación «crítica» y que necesita «ayuda urgente».

Tal y como ha recordado Susinos, la ayuda «extraordinaria» de 3 millones de euros para agricultores y ganaderos a título principal (ATP) busca compensar la pérdida de renta en el primer año de la nueva PAC y la inestabilidad económica de las explotaciones en su conjunto.

«Hay que impulsar la recuperación de la ganadería», un sector que la consejera ha calificado de «prioritario», no sólo por su peso económico, sino también por su importancia social, como elemento central «para fijar población en el medio rural».

Los ganaderos irán recibiendo la ayuda progresivamente, como suele ser habitual, durante los próximos días.

EHE

Además de esta ayuda extraordinaria tramitada de manera «urgente», la consejera ha anunciado que también se han pagado 237.000 euros, en beneficio de 135 personas, procedentes del segundo decreto para paliar los daños de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE).

Se trata de «apostar firmemente por nuestro sector ganadero» que pasa por una situación «muy grave» y hay que «trabajar por el futuro», a través de diferentes líneas de ayudas que potencien la ganadería.

En este sentido, la consejera ha recordado que ya se está ultimando el tercer decreto para financiar las vacunas de la EHE y, en él, se recogerá la financiación «integra» de todas ellas. «No se va a dejar ninguna vacuna sin pagar», por lo que el gobierno ha establecido una partida presupuestaria de 400.000 euros, pero que es «ampliable para cubrir, absolutamente, todos los casos que se nos presenten».

A través de este decreto se va a financiar la adquisición de vacunas, los tratamientos a los animales enfermos, así como los gastos de desinsectación y desinfección de las explotaciones y vehículos y los derivados de la aplicación de la propia vacuna.

Foto: Raúl Lucio

El consejero de Vivienda reclama al Ministerio “aprovechar” e incorporar los remanentes de la anterior convocatoria “para llegar a más jóvenes”, una petición a la que se han sumado la mayoría de comunidades autónomas.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, considera que los 3,8 millones de euros que el Gobierno de Cantabria recibirá de la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven «son insuficientes y llegan tarde», pese a los continuos anuncios por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para materializar su reparto entre las comunidades autónomas.

«Consideramos que los fondos que se han asignado a Cantabria son muy pequeños para hacer frente a todas las necesidades que tienen nuestros jóvenes», ha expresado Media, quien ha criticado que la Comunidad recibirá del Ministerio la mitad de la cuantía concedida en 2022.

En este sentido, el consejero ha explicado que, en la anterior convocatoria, con un presupuesto de 7,6 millones de euros, el Ejecutivo cántabro concedió 1.286 de las 2.762 solicitudes presentadas. «Ahora, con la mitad de dinero, las cuentas salen claras y mucha gente se va a quedar fuera».

Así lo ha destacado el consejero durante su participación en la Conferencia Sectorial de Vivienda, celebrada esta mañana de forma telemática, en la que se ha ratificado el reparto de los 200 millones de euros del Bono Alquiler Joven entre las comunidades autónomas. Un encuentro que ha presidido el secretario de Estado del ramo, David Lucas, ante la ausencia de la ministra Isabel Rodríguez. 

Reparto de los remanentes «para llegar a más jóvenes»

Durante su intervención, Media ha reclamado al Ministerio «aprovechar» los remanentes del anterior Bono e incorporarlos, junto a nuevos fondos, a esta convocatoria con el objetivo de «poder llegar a más jóvenes». Una petición a la que se han sumado la mayoría de las comunidades autónomas.

Además, el consejero ha pedido celeridad al Ejecutivo central para gestionar y remitir a las comunidades toda la documentación y que «estos fondos lleguen cuanto antes a sus beneficiarios». Media ha defendido que desde su departamento se continuará trabajando con agilidad, «porque es nuestra obligación como Administración pública», para tramitar cuanto antes estas ayudas y «que sigan siendo pagadas a mes vencido, como hasta ahora».

La medida entrará en vigor desde el próximo 1 de noviembre y afectará a la próxima campaña de 2025.

El pasado 21 de mayo, el Gobierno aprobó el real decreto con el que se reformaba la Ley de Seguridad Social, concretamente, las prestaciones por el subsidio de desempleo y que obliga a los solicitantes y beneficiarios de estas prestaciones a presentar anualmente la declaración de la renta,

Hasta ahora, estaban exentas de realizar el IRPF las personas que no llegasen a un mínimo de ingresos (22.000 € anuales o 15.876 € si provenían de dos o más pagadores), pero, con esta modificación, las personas en situación de desempleo que estén percibiendo prestaciones, deberán realizar la declaración o podrán perder dicha prestación.

Según fuentes del ministerio de Trabajo, se descartan las multas pero han confirmado que aquellos que no presenten la declaración, verán suspendidas las prestaciones, tal y como figura en el artículo 299 del decreto, que enumera las obligaciones de los trabajadores solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo, entre las que se encuentra la de presentar anualmente la declaración correspondiente al IRPF a partir del 1 de noviembre de 2024, señalando que la percepción se suspenderá por parte de la entidad gestora cuando se incumpla durante un ejercicio fiscal la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

El Gobierno pretende que mediante esta aportación de la declaración de la renta se pueda  comprobar que se cumple con los requisitos previstos legalmente para tener derecho a las prestaciones por desempleo.

Cabe recordar que presentar la declaración no significa que haya que pagar impuestos elevados, ya que esto dependerá de la cuantía de la prestación, de las retenciones practicadas y de las deducciones a las que se tengan derecho. Las prestaciones por desempleo están gestionadas por el Servicio Público de Empleo (SEPE) y están sujetas a retención a partir del equivalente al salario mínimo interprofesional (actualmente 15.876 euros anuales).