Eva Guillermina Fernández adelanta que el nuevo decreto saldrá a información pública en marzo, tras la reunión que ha mantenido hoy con la FMC y alcaldes de los municipios más tensionados

Foto: Raúl Lucio

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte introducirá cambios en el decreto de regulación de Viviendas de Uso Turístico con el fin de dar a los ayuntamientos herramientas que les permitan adecuar su normativa «para regular las licencias y frenar el auge descontrolado de estas viviendas».

Así lo ha explicado la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández, tras la reunión que ha mantenido esta mañana con la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) y alcaldes y representantes de los ayuntamientos más tensionados en cuanto a número de viviendas y pisos turísticos.

«Ha sido una reunión muy productiva porque ha quedado claro que todos tenemos la misma preocupación por la magnitud que está alcanzando el problema con la proliferación de estas viviendas y todos tenemos claro por donde tienen que ir las soluciones», ha señalado Fernández, tras insistir en que el objetivo de este encuentro incluido dentro de la hoja de ruta que se ha marcado la Consejería para recabar la información y opiniones de todos los actores implicados es «arbitrar un decreto para que los ayuntamientos encuentren la fórmula, con su normativa urbanística, de regular dónde y cómo quieren esas viviendas».

La consejera ha explicado que el Gobierno de Cantabria «puede regular la parte que tiene que ver con turismo, pero esto tiene también mucho de competencia urbanística». En este sentido, ha añadido que los ayuntamientos que ya tengan desarrollados sus Planes Generales «podrán regularlo de forma más eficiente» y el resto «probablemente tendrán que recurrir a ordenanzas».

Fernández se ha mostrado confiada en encontrar el consenso. «Los ayuntamientos son los principales interesados en regular la vivienda turística para dar respuesta no solo a ese problema turístico sino a todos los demás», entre ellos, el de acceso a la vivienda que no sea de uso turístico. «Nos encontramos con muchos casos de trabajadores y profesionales que necesitan una vivienda, porque vienen a trabajar a un municipio concreto, y no la encuentran. Y, si la encuentran, les echan en junio para alquilar en verano y tener que volver en septiembre y a unos precios muy elevados», ha recordado.

La titular de Turismo considera que, además de luchar contra el intrusismo y la ilegalidad de muchas de estas viviendas de uso turístico, es necesario atajar «la proliferación de las legales», tras apuntar que solo en 2023 se han presentado en la Dirección General de Turismo 2.031 declaraciones responsables para iniciar actividad y se ha pasado de las 494 viviendas registradas en 2020 a las 3.934 en diciembre del año pasado.

«Ahora mismo, aparte de la declaración responsable, el decreto actual incluye algún otro requisito que se entrega a posteriori y hacer el seguimiento así es muy difícil», ha explicado la consejera. «Vamos a hacer cambios para que todo lo que haya que exigir se haga a priori y pueda haber un mayor seguimiento y esté mejor regulado», ha insistido.

Respecto a los plazos para la entrada en vigor del nuevo decreto, Eva Guillermina Fernández, no ha anticipado una fecha concreta, dado que los pasos y trámites requieren su tiempo. Fernández calcula que no será para principios de verano, pero sí  «en el entorno del verano». El objetivo es que a principios de marzo salga a consulta pública y después del trámite de información y audiencias analizar todas las aportaciones que hagan los distintos colectivos y particulares.

En la reunión, han participado también el director general de Turismo y Hostelería, Gustavo Cubero; la secretaria general de la Consejería, Carolina Juániz; el presidente de la FMC, Javier Camino; los alcaldes y alcaldesas de Santander, Gema Igual; Comillas, María Teresa Noceda; Potes, Javier Gómez, así como concejales y representantes de Laredo y San Vicente de la Barquera.  

Estos ayuntamientos junto con otros de la costa, principalmente, son los que han registrado más solicitudes entre 2020 y 2023. Santander (1.338), Suances (199), Comillas (177), San Vicente de la Barquera (165), Ribamontán al Mar (157) y Noja (143) son los que mayor número han registrado.

Encabezado por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, el Ejecutivo ha refrendado la importancia de la norma institucional básica como expresión jurídica de la identidad y personalidad histórica de la Comunidad Autónoma

Foto: Miguel López

El Gobierno de Cantabria, encabezado por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, se ha sumado a la conmemoración del 42 aniversario del Estatuto de Autonomía celebrado en el Parlamento para refrendar la importancia de la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma como expresión jurídica de la identidad y personalidad histórica y cultural de Cantabria.

La conmemoración ha incluido la actuación de la Coral Salvé de Laredo con un programa musical estructurado en distintos bloques relacionados con ‘Cantabria y su música’, ‘La ópera’, ’50º aniversario de la muerte de Pablo Neruda’ y ‘Peregrinando en el año jubilar lebaniego’.

El acto ha finalizado con la interpretación del himno de Cantabria.

Dentro del programa conmemorativo del 42 aniversario, el Parlamento de Cantabria también ha acogido ayer por la tarde una conferencia a cargo de Juan González Bedoya con el título ‘Hacia la autonomía sin mala intención’.

Con la formalización de este requerimiento previo a la vía contencioso-administrativo, el Ejecutivo de Buruaga cumple su compromiso con los afectados por este cambio en la regulación

Foto: Raúl Lucio

El Gobierno de Cantabria ha recurrido la resolución del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que, aplicando la nueva normativa en materia de Costas, reduce de 75 a 5 años la duración de las concesiones de terrenos de dominio público marítimo-terrestre existentes antes de la última modificación de la legislación de Costas.

El Consejo de Gobierno de esta mañana ha ratificado esta decisión del Ejecutivo de Buruaga, con el que se cumple el compromiso que la presidenta trasladó a los afectados por este cambio normativo a los que confirmó su voluntad de apoyarlos en todo lo «humana y jurídicamente posible» para defender sus derechos frente a la resolución del Ministerio que de forma arbitraria pone en peligro explotaciones agropecuarias de pequeño tamaño, pero de valor para la economía local y sostenibles desde el punto de vista medioambiental. 

Con este requerimiento previo a la vía contencioso administrativa, el Gobierno defiende las reivindicaciones de la Junta Vecinal de Carasa, el Ayuntamiento de Voto y de los 50 propietarios de 11 explotaciones ganaderas afectadas por esta resolución del departamento de la ministra Teresa Ribera, que a juicio del presidente de los afectados por la ley de Costas y la Sociedad de las Marismas de Carasa, José Luis Thomas, es «una cacicada» e incumple la igualdad de trato con respecto a otros concesionarios, en Cantabria y en el resto del país, a quienes se les ha prorrogado el plazo por otros 75 años, como venía ocurriendo hasta la modificación de la ley de Costas.

También el presidente de la Junta Vecinal de Carasa, Jesús San Emeterio, ha valorado el apoyo del Gobierno sin precedentes para entre todos intentar «echar atrás» esta decisión del Ministerio.

El Gobierno central tiene un plazo de un mes para resolver este requerimiento previo a la vía contenciosa-administrativa del Gobierno de Cantabria contra la resolución que implica un cambio en el criterio de duración de las prórrogas de las concesiones preexistentes, que pasan de 75 años a 5 años prorrogables hasta un máximo de 15 años.